El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, ha explicado que el resultado de este cártel es que los consumidores, las autoridades públicas y los constructores "han sido estafados" porque los precios pagados por la instalación y el mantenimiento de los ascensores eran "muy superiores a lo que hubieran sido si hubiera habido un mercado competitivo".

También ha señalado que los efectos del acuerdo ilegal se dejarán sentir "en los próximos 20 a 50 años" porque muchos de los fabricantes implicados obtienen buena parte de sus beneficios del mantenimiento de los ascensores. No obstante, el portavoz ha precisado que las empresas que hayan firmado contratos de mantenimiento durante los años que duró el cártel "tienen la opción de ir a los fabricantes y renegociarlos o acudir a un tribunal nacional y pedir daños y perjuicios a raíz de la decisión de la Comisión".