El Fiscal pide el sobreseimiento de la causa en el juicio contra Botín
La Fiscalía ha pedido hoy el sobreseimiento libre del caso de las cesiones de créditos y que no se celebre el juicio oral contra el actual presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco, y 20 clientes. En las cuestiones previas de esta vista oral, el fiscal Vicente González-Mota explicó que "no existe una acusación válidamente constituida" para haber pedido la apertura de este juicio y, por tanto, "no se tiene el derecho a que se declare inocentes o culpables porque no hay un procedimiento válidamente constituido".
El fiscal coincidió con el abogado defensor de Botín, Gonzalo Rodríguez Mourullo, en esta petición al tribunal presidido por Javier Gómez-Bermúdez y aseguró que la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC) carece de legitimidad para ejercer esta acusación popular.
El tribunal habrá de decidir también si ha decaído como acusación popular la representación de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), pues presentó su escrito definitivo fuera del plazo establecido para ello y se podría ver limitada a presentar sólo conclusiones finales. ADIC pide 180 años de cárcel para Botín, los ejecutivos Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental cometidos en el ejercicio fiscal de 1989, y para otros veinte clientes que eran titulares o administradores de sociedades que compraron el producto de las cesiones de crédito de nuda propiedad.
Mientras ADIC califica estos hechos como "la mayor defraudación fiscal perpetrada en España", la entidad bancaria mantiene que, durante los años de su comercialización, estos productos eran perfectamente legales y que, de 1990 a 1996, los clientes normalizaron su situación con el fisco.
En su intervención de hoy, el fiscal González-Mota recordó que la apertura de juicio oral por parte de la juez Teresa Palacios, hace dos años, "sólo se ha acordado" a petición de la acusación particular de ADIC, ligada al ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, que mantiene un buen número de pleitos contra Botín -según explicó Rodríguez Mourullo-.
"Y sólo puede formular acusación quien tiene derecho a ello", recordó el fiscal, tras recordar que los únicos posibles perjudicados por este presunto fraude fiscal podían ser la Hacienda Pública, o en el caso de la falsedad documental, a quienes se perjudicase con la suplantación de personalidad.
Doce años de procedimiento
En este sentido, el abogado Rodríguez Mourullo recordó que esta es la decimoquinta vez que, en estos doce años de procedimiento, el ministerio fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa, mientras que la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, lo ha hecho ya en siete ocasiones. A pesar de pedir el sobreseimiento, el fiscal González-Mota indicó que el Ministerio Público tiene la capacidad de ejercer acciones penales contra los imputados si, en la posible vista oral, al revisar las pruebas, se llega a la conclusión de que existen delitos.
Por su parte, la defensa de Emilio Botín afirmó que, en este procedimiento, "se ha vulnerado el principio acusatorio" y recordó que se recurrió la apertura de juicio oral al Tribunal Constitucional y éste opinó que debía ser la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien opinase sobre la legitimidad de las acusaciones.
"Por primera vez en la historia los acusados han sido traídos a juicio sin que les acusen ni el ministerio fiscal ni el Abogado del Estado", concluyó Gonzalo Rodríguez Mourullo, quien recordó, "frente a quien haga una malévola lectura política", que las posiciones de ambos "se mantuvieron en gobiernos de diferente signo político".
