Bolivia amenaza a Repsol con acudir a la justicia internacional y denunciarla por "saqueo"
El Ejecutivo de Morales tacha de "bravuconadas" la amenaza de la petrolera española de llevar el enfrentamiento a los tribunales
Una de cal y otra de arena. Después de que este fin de semana el presidente boliviano, Evo Morales, se comprometiera con el Ejecutivo español a buscar soluciones a la crisis con Repsol YPF, hoy el viceministro de Hidrocarburos del país andino, Julio Gómez, ha amenazado a la petrolera española con llevarla a los tribunales internacionales por "saquear" los recursos naturales del país suramericano.
Es la respuesta de Bolivia al comunicado emitido el domingo por la empresa presidida por Antonio Brufau, que anunció que ejercerá acciones legales ante la justicia del país y ante los órganos internacionales si continúa la "injustificada y reiterada persecución judicial", que el el pasado viernes se tradujo en el arresto de un directivo de la petrolera.
El Gobierno de Evo Morales no aceptará "bravuconadas", ha advertido este responsable, después de que este fin de semana Repsol amenazara a las autoridades bolivianas con emprender acciones legales tras el registro de las oficinas de su filial Andina y la detención y posterior arresto domiciliario de su auditor. El Estado boliviano también podría recurrir a "estrados internacionales" para demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que "saquearon" el país en complicidad con "gobiernos carroñeros", ha dicho el viceministro boliviano.
La petrolera hispano argentina está dispuesta a ejercitar acciones legales en defensa de sus derechos. Tras reiterar su voluntad de prestar, "como ha hecho hasta ahora", toda su colaboración para el "total esclarecimiento de los hechos", y expresar su "plena disposición" a la negociación, ha confiado en que las últimas declaraciones de Morales se traduzcan en hechos concretos que permitan volver a un "clima de total normalidad y seguridad jurídica en Bolivia".
Sin embargo, la compañía expresó su preocupación ante "la falta de seguridad jurídica" que en la actualidad existe en el país andino. En estas condiciones, estimó "muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia".
Precio pactado
La Fiscalía de Santa Cruz acusa a la filial boliviana de Repsol YPF de pactar en el año 2002 con la brasileña Petrobras un acuerdo para exportar gas natural a Brasil a precios menores de los establecidos, lo que supuso un perjuicio de 161 millones de dólares para el Estado boliviano. Sin embargo, la petrolera brasileña comunicó hace un par de semanas que el contrato se ha dejado sin efecto.
En el marco de sus investigaciones, la Fiscalía registró el pasado viernes las oficinas de Andina en Santa Cruz. Además, fue detenido Saúl Carlos Encinas Miranda, auditor de la compañía, que tras prestar declaración quedó bajo arresto domiciliario sin custodia, pero deberá presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de evitar "su fuga" para no obstaculizar la investigación.
