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La Eurocámara suaviza la directiva Bolkestein de liberalización de los servicios

El pleno elimina del texto el "principio del país de origen", que permitía a las empresas atenerse sólo a la legislación de su país de origen

El Parlamento Europeo enmendó hoy la propuesta de directiva de liberalización de servicios de forma que los Estados Miembros preserven mayor capacidad para regular la actividad en su territorio de las empresas de otros países de la UE.

La propuesta, conocida como directiva Bolkestein, por su impulsor original, el ex comisario Frits Bolkestein, busca consolidar el mercado europeo de servicios -aproximadamente el 60 por ciento del PIB comunitario- consagrando el derecho de las empresas a operar en distintos Estados sin tener filiales en ellos y en igualdad de condiciones con las nacionales. Para ello, el texto original incluía el llamado "principio de país de origen", que preveía que el operador sólo estuviese sujeto a la legislación del Estado donde esté radicado, punto rechazado frontalmente por los sindicatos, pues opinan que propiciaría la competencia a la baja en las condiciones de trabajo.

El pleno eliminó del texto el "principio del país de origen" que habría permitido a los operadores ofrecer servicios en varios estados, sin tener que fundar filiales, ateniéndose sólo a la legislación de su país de origen. Sin embargo, el fondo se mantiene en una formulación ambigua mediante la que se alude a la "libertad de prestación de servicio". Sin embargo, los eurodiputados más progresistas lograron introducir límites a la libre prestación, dejando en manos de los Estados exigir a las empresas requisitos adicionales por razones de "orden público, seguridad pública, protección del medioambiente y salud pública", aunque no consiguieron incluir las razones de protección al consumidor y política social. La enmienda fue finalmente aprobada 483 votos a favor, 144 en contra y 2 abstenciones.

En paralelo, el Parlamento sacó del campo de aplicación de la directiva a los servicios de transportes (incluidos taxis, ambulancias y servicios portuarios), las empresas de trabajo temporal, la salud pública y privada, el sector audiovisual, la notaría, las apuestas, la seguridad, los servicios sociales y la vivienda social. La directiva seguirá, en cualquier caso, facilitando la actividad transfronteriza de operadores tan diversos como las agencias de turismo, las inmobiliarias, los centros comerciales, las consultoría o el mantenimiento de oficinas.

Largo proceso de aprobación

Después de la aprobación por parte de la Eurocámara, la polémica directiva tendrá que pasar todavía por el Consejo de ministros de la UE y volver luego a Estrasburgo para su una segunda lectura en la que se podría producir la ratificación definitiva. Antes del comienzo de este proceso, la Comisión Europea deberá presentar una nueva propuesta acorde con lo aprobado hoy por el Parlamento.

El Parlamento confía en que los Jefes de Estado y de Gobierno den su visto bueno al texto en la próxima cumbre de Primavera, que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de marzo, para que los eurodiputados puedan volver a pronunciarse en otoño. Sin embargo, los pronósticos más optimistas advierten de que la directiva podría entrar en vigor no antes de 2009.