La reforma laboral

Este año que termina ha tenido un tema estrella para el mundo laboral: conseguir una reforma. Las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos se han reproducido a toda velocidad desde hace año y medio, aunque aún no se ha logrado ponerle la guinda al pastel. El Gobierno descarta una reforma laboral unilateral aunque apremia a las partes a conseguir un acuerdo cuanto antes por el bien de todos.

El Ejecutivo, la patronal y las direcciones de CC OO y UGT se aprestan a negociar una nueva reforma laboral y otra reforma de las pensiones públicas como parte del diálogo social iniciado en julio de 2004. Una vez firmado el pacto social para la negociación colectiva (ANC 2005) y otros acuerdos parciales (Empleados Públicos, Reglamento de la ley de Extranjería), la intención ahora es conseguir una reforma laboral pactada en el primer trimestre de 2006, al estilo de la que firmaron en 1997.

El objetivo de Gobierno y agentes sociales es poder lograr un acuerdo respecto a la reforma laboral en España en el primer trimestre de 2006, aunque las posiciones aún se encuentran alejadas. Mientras los empresarios achacan el fracaso del acuerdo a las diferencias existentes entre los dos sindicatos y con el Ejecutivo, las centrales sindicales aseguran que el problema es que la patronal "ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". Insisten en que el problema es que los empresarios han presentado una propuesta de máximos, "algo que no habían hecho en los ochos años del Gobierno del PP".

El Gobierno se muestra firme. Aunque no hay un plazo tasado para poner fin a las negociaciones sobre la reforma laboral, el proceso no puede demorarse ''ad infinitum''. El Ministerio de Trabajo confía en lograr un acuerdo, pese a las dificultades objetivas que existen y a las distintas visiones que tienen las partes negociadoras. Asegura que la propuesta que ha realizado a sindicatos y empresarios es "razonable y equilibrada" y considera que en ella se abordan con decisión los principales problemas del mercado laboral español.

Pero tanto empresarios como sindicatos han criticado la propuesta de reforma presentada por el Ministerio de Trabajo que se centra en generalizar el contrato de fomento del empleo estable, rebajar las cotizaciones empresariales, aumentar la protección de los trabajadores y parados, fomentar la igualdad y regular las contratas y subcontratas.

Por un lado, CEOE demanda que las nuevas conversiones de temporales a fijos se hagan con el contrato de fomento del empleo estable (cuya indemnización por despido es de 33 días por año con un tope de 24 mensualidades). Además, la patronal reclama que se simplifiquen las modalidades de contratación existentes y considera

insuficientes las rebajas de cotizaciones propuestas por Trabajo.

El secretario general de la patronal, Juan Jiménez Aguilar, afirmó que el texto del Ejecutivo "no responde a las necesidades del mercado de trabajo" y que con este texto el mercado laboral español "se aleja de los estándares del resto de países de la UE-15" ya que se vuelve "más intervencionista, más rígido y más caro". A los empresarios tampoco les agradan las propuestas para el fomento de la contrataciónindefinida y la reducción de la temporalidad que propone el Ejecutivo.

Por otro lado, los sindicatos rechazan de plano la posibilidad de rebajar el despido que consideran que no es el principal problema del

mercado laboral. UGT y CC OO aseguran que el problema del mercado laboral no es de costes, sino de precariedad y de temporalidad, por lo que piden una mayor regulación de las contratas y subcontratas. Para UGT la base de la negociación se baja en reforzar aquellos aspectos que supongan mejorar la estabilidad en el empleo, garantizar la igualdad en el mercado laboral, mejorar la protección social y darle mayor seguridad a los trabajadores. CC OO se mantiene firme a la declaración que firmó el pasado 8 de julio en Moncloa, un texto que marcó como objetivos principales impulsar el diálogo social, incrementar la competencia y productividad, mejorar la calidad del empleo y la cohesión.

No será unilateral

Lo que tiene claro el Gobierno es que no acometerá ninguna reforma laboral "unilateral" si no hay pacto social y que la imposición de plazos concretos no es muy constructiva. "La reforma con prisas es mala consejera y sin consenso no sirve a los intereses de la sociedad española", aseguró el ministro de Trabajo, Jesús Caldera

El ministro asegura que la propuesta que ha realizado el Ejecutivo central a sindicatos y patronal defiende el empleo estable y no rebaja, en ningún caso, los derechos de los trabajadores, sino que los amplía.Trabajo rechazó estar más alineado con los planteamientos de los empresarios que con los de los sindicatos. "Yo no me inclino a favor de nadie, me inclino a favor de la justicia social y escucho por igual las posiciones de sindicatos y empresarios y busco un punto común de conexión para que pueda haber un acuerdo común entre ambos", precisó.

A pesar de todo el Gobierno se muestra prudentemente optimista sobre la marcha de la negociación y de lograr un acuerdo con los agentes sociales a comienzos del próximo año. Caldera asegura que el Ejecutivo continuará "trabajando y poniendo encima de la mesa alternativas" para llegar a un consenso.

"Es responsabilidad de todos dar solución a algunos de los males que tiene nuestro mercado laboral", por lo que el Gobierno "espera de la responsabilidad de los agentes sociales, que estén dispuestos a explorar al máximo todas las posibilidades para el acuerdo", aseguró el ministro.