Fuentes jurídicas que han estado presentes en ambas declaraciones señalan que ambos han explicado que la cuantía que debía cobrar Amusátegui al dejar el banco se pactó el 15 de enero de 1999, cuando se aprobó la fusión, y correspondía a los servicios prestados desde 1985 en el BCH. En concreto, Botín ha citado, como ejemplo de los beneficios que Amusátegui había aportado a la entidad, la operación de compra de acciones de Airtel, que produjo al grupo unas plusvalías de más de 4.800 millones de euros.

Según fuentes jurídicas, en el contrato en el que se estableció el pago de los 43,75 millones de euros -aportado por el SCH a la causa-, se fija que Amusátegui recibirá, además, una pensión de jubilación de 5,106 millones de euros anuales y el 70% del sueldo de un consejero de su nivel, entre otros beneficios.

Cantidad "astronómica"

Botín y Amusátegui han destacado que sólo se pactaron condiciones de jubilación para Amusátegui ya que era él quien debía dejar la entidad después de tres años de copresidencia, mientras que Botín permanecería en el cargo. Ambos han coincidido también en reconocer que en el momento de la fusión se pactaron condiciones especiales de jubilación para todos los consejeros procedentes del BCH, aunque han hecho hincapié en que tampoco era un beneficio de la fusión, sino un pago por su trabajo realizado en esa entidad en los años anteriores.

La querella, interpuesta por el accionista del banco Juan Francisco Franco Otegui, acusa a ambos de delito societario o de estafa por el abono de "esa astronómica cantidad" y señala que el dinero fue una compensación por la salida de Amusátegui del banco en agosto de 2001 pactada entre ambos copresidentes. Al término de la declaración, el letrado del querellante ha insistido en que Botín y Amusátegui cometieron un delito societario al no hacer constar en los pactos de fusión estos acuerdos.