Admitida a trámite una querella contra Botín y Amusátegui por presunto delito societario
En el texto se acusa a ambos banqueros de disponer fraudulentamente de 43,7 millones de euros en perjuicio de los accionistas
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha admitido a trámite la querella presentada por un accionista del Santander contra el presidente de este banco, Emilio Botín, y el que fuera copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, como presuntos autores de un delito societario.
En la querella se acusa a Botín y Amusátegui de disponer fraudulentamente de 43,7 millones de euros, en perjuicio de los accionistas, para compensar a Amusátegui su salida de la dirección del banco.
En el texto de la querella se dice que los 43,7 millones de euros percibidos por Amusátegui figuraban en las cuentas anuales del BSCH correspondientes a 2001 en el subapartado "compromisos por pensiones y otros seguros", por lo que este caso es similar al de los planes de pensiones suscritos para los de los consejeros del Banco Bilbao Vizcaya y que son motivo de investigación por el juez Baltasar Garzón en el denominado caso BBV.
Perjuicio a los accionistas
La juez Palacios ha aceptado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta querella al entender que el perjuicio, "de haberse causado, se proyectaría en una generalidad de personas, los accionistas del banco, pertenecientes al territorio de más de una Audiencia y pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito societario", señala el auto.
La magistrada ordena también las primeras diligencias, consistentes en solicitar al Registro Mercantil donde esté domiciliado el BCSH un certificado de los estatutos del banco y de sus cuentas anuales, así como un informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2001 y del acuerdo de fusión entre el Banco Santander y el Central Hispano Americano en 1999.
También se ordena oficiar a la Inspección del Banco de España "a fin de que informe, como organismo regulador, sobre los hechos denunciados", y se pide también al BSCH certificación de las actas de la Junta General de Accionistas en que se aprobaron las cuentas del ejercicio 2001.
La querella, interpuesta por un accionista del banco, el abogado Juan Franciso Franco Otegui, recuerda que en el momento de la fusión del Santader con el Central Hispano se acordó un "periodo de copresidencia" entre Botín y Amusátegui, y que este último debería jubilarse tras la junta general ordinaria de 2002, tras cumplir los 70 años.
El querellante señala que en las cuentas anuales del BCSH de 2001, en el subgrupo "compromisos por pensiones y otros seguros", figuraba una nota que señalaba que el importe total -de 209 millones de euros- "no incluye 43,75 millones de euros satisfechos con carácter extraordinario y no recurrente", y luego se desveló que dicho apunte correspondía a la indemnización por el cese del copresidente.
