Un arbitraje necesario
En estos momentos puede considerarse superada la grave crisis provocada por la huelga encubierta y, por tanto, ilegal de los controladores aéreos, que ha ocasionado graves perjuicios. Ello ha obligado al Gobierno a adoptar medidas excepcionales, plenamente justificadas y sin que sea posible efectuar tacha alguna de ilegalidad a las medidas adoptadas para recuperar la normalidad en la navegación aérea. Superada la situación crítica, sin dejar el asunto aparcado no se sabe para cuando, resulta ineludible afrontar el fondo del conflicto que se viene arrastrando desde hace ya demasiado tiempo. Más allá de respuestas coyunturales de urgencia y al margen de la exigencia de responsabilidades que correspondan, ahora resulta imprescindible encontrar un procedimiento efectivo para resolver el conflicto laboral que se viene arrastrando meses incluso años, con una solución estable en el tiempo. La clave del problema se encuentra en un bloqueo total de la negociación del convenio colectivo, con propuestas por parte de los controladores difícilmente asumibles y rechazos frontales a las propuestas gubernamentales, sin ocultar ciertas torpezas por parte de responsables ministeriales al acordar ciertas medidas discutibles desde el punto de vista de su legalidad. En todo caso, la situación y las relaciones entre unos y otros se encuentran tan deterioradas, que convierten en ilusoria cualquier pretensión de retomar las negociaciones a estas alturas. Al propio tiempo, al acudirse a la aprobación de sucesivos Reglamentos sólo se ha dado una respuesta parcial a los asuntos relativos a la jornada y retribución de un sector tan singular como es el de los controladores; en todo caso, tales reglamentos no han podido ni pueden sustituir al convenio colectivo. De este modo, la única salida viable sería someterse las partes a un arbitraje laboral, que resuelva las cuestiones básicas del conflicto de fondo, que las partes han demostrado con creces que son incapaces de afrontar por la vía de la negociación. Ya en verano el Gobierno propuso acudir a un procedimiento arbitral como forma de superar el callejón de salida en que se encontraban, pero no fue aceptado el envite por los controladores. Ahora el arbitraje es la única solución para dar respuesta definitiva a las cuestiones de fondo desencadenantes del conflicto. Incluso hay sobrados argumentos jurídicos para entender que concurren las circunstancias justificativas para imponer como obligatorio este arbitraje. Eso sí, esta fórmula en tal caso hay que adoptarla de manera inmediata, antes de la conclusión del estado de alarma.
Jesús Cruz Villalón es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla
