420 razones para la frustración
Se venía aludiendo a una medida parecida desde hacía muchos meses. Desde las más elevadas instancias del Gobierno hasta los interlocutores sociales, pasando por las organizaciones civiles o religiosas, los académicos y expertos, se argumentaba a favor de extender temporalmente las ayudas económicas a los parados que hubiesen agotado el subsidio de desempleo ante las perspectivas de una crisis larga. Muy pocos opinaban en contra de una medida de este tipo, a pesar de que no carece de inconvenientes.
Así, el Consejo de Ministros extraordinario del jueves 13 de agosto aprobó un Real Decreto Ley por el que se crea una prestación de desempleo de 420 euros mensuales para parados "elegibles" que hayan agotado sus prestaciones. Y esta elegibilidad es la madre del cordero. Sólo los parados que hayan dejado de percibir el seguro y no tengan derecho al subsidio, o hayan agotado el subsidio o su prórroga, entre el 1 de agosto de este año y los 180 días desde la publicación en el BOE del Real Decreto (15 de agosto) tendrán derecho a la prestación temporal (no prorrogable) siempre que tengan ingresos inferiores al 75% del salario mínimo y no reciban otras rentas de las diferentes Administraciones Públicas.
El mito urbano que circula por ahí sugiere que hay más de un millón de parados que habían agotado las prestaciones de desempleo antes del 1 de agosto. Pero, ayer mismo, el director General del Sistema Público de Empleo Estatal (SPEE) indicaba a EL PAÍS que eran unos 600.000 los afectados por esta circunstancia, no todos elegibles para la prestación recién aprobada.
El programa tendrá una duración de 180 días a partir de la publicación en el BOE del Real Decreto (15 de agosto), más el periodo retroactivo que va del 1 al 15 de agosto, y su vigencia será prorrogable por periodos de seis meses en función de las condiciones del mercado de trabajo y el Gobierno estima que unos 340.000 parados podrán beneficiarse de esta medida, que tendrá un coste de 642 millones de euros, aunque en el Real Decreto sólo se habilita un suplemento de crédito al presupuesto del SPEE de 345 millones de euros que se financiará mediante la emisión de deuda.
Es patente, a cuatro días de su aprobación, que esta medida no ha dejado satisfecho a casi nadie, si bien hay que aplaudir la condicionalidad estricta al seguimiento de itinerarios de inserción laboral para los beneficiarios. Entre un periodo retroactivo más que testimonial (15 días), unas condiciones de elegibilidad difíciles de comprender, el sobrecoste para las comunidades autónomas y la ambigüedad respecto a la prórroga del periodo de disfrute de la prestación o de la vigencia del programa, la medida corre el riesgo de convertirse en un bumerán para el Gobierno cuyo presidente, no obstante, ya se ha apresurado a decir, ayer mismo también, que se revisarán las condiciones de elegibilidad, eso sí, por "consenso social".
El efecto contraproducente que pueda producir esta medida se ve agravado, en mi opinión, porque, al fin y al cabo, su adopción puede ser vista como la reacción un tanto nerviosa de un Gobierno que quiere estar "en el puente de mando" a la ausencia de resultados de un diálogo social en ruinas. Aunque no dejo de preguntarme acerca de qué diablos pintaba una medida de este tipo en ese cambio de cartas al que en España llamamos diálogo social.
José A. Herce es socio-director de Economía de AFI.
