Bruselas ofrece dos años más para aplicar la reforma de las ayudas a las frutas y hortalizas

La Comisión Europea puso ayer sobre la mesa una nueva "propuesta de compromiso" para intentar que los ministros de Agricultura de los Veintisiete, reunidos ayer y hoy en Luxemburgo, lleguen a un acuerdo sobre la reforma de las ayudas a las frutas y hortalizas. Con esta reforma, Bruselas pretende eliminar las distorsiones del mercado, mejorar la competitividad y reforzar el papel de las organizaciones de productores frente a los distribuidores. La nueva propuesta de ayer permitiría a España y a otros países aplazar la aplicación de la reforma a las frutas y hortalizas transformadas hasta 2010.

El texto del Ejecutivo comunitario permite también a España, el mayor país hortofrutícola de la Unión, seguir concediendo ayudas de Estado -una modalidad que la reforma prohíbe explícitamente- a la producción de tomates hasta 2008.

El Gobierno español expresó "moderada satisfacción" tras analizar la propuesta de la Comisión Europea, en palabras del secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, quien consideró que el documento genera, sin embargo, "buenas expectativas". Los ministros de los Veintisiete negociaban a última hora de la tarde de ayer en una maratoniana sesión que se prevé se prolongue hasta bien entrada la noche del martes. Las delegaciones de los distintos países redactaron una lista de peticiones que serán discutidas hoy. Pero fuentes comunitarias cifraban ayer "en un 99%" las posibilidades de que los Veintisiete alcancen esta semana un acuerdo sobre la reforma de frutas y hortalizas.

"La Comisión Europea quiere desacoplar las ayudas, pero proponemos este periodo transitorio para que se pueda alcanzar un compromiso y para ayudar a los países a adaptarse a la nueva situación", explicó el portavoz de agricultura comunitario, Michael Mann.

La reforma que ha lanzado Bruselas obligará a los Estados Miembros a desacoplar las ayudas destinadas al casi millón y medio de productores de la Unión. Es decir, a desvincularlas de la producción. Ya no se pagará a los agricultores por la cantidad que produzcan, sino por el número de hectáreas que cultiven, con el fin de que se orienten hacia el cultivo de las frutas y hortalizas más demandadas en el mercado, en lugar de generar excedentes.

Bruselas explicó el pasado enero, en la presentación de la reforma, que mantendrá el volumen de ayudas al sector, que asciende a unos 700 millones de euros anuales. De esa cifra, 486 millones son para España. En principio, está previsto que la reforma entre en vigor en enero del año que viene.

España se opone

España, Italia, Francia y Portugal figuran entre los países que se oponen parcialmente a la reforma impulsada por la Comisión Europea. Por eso, parte de la nueva propuesta va dirigida especialmente a estos países. "España e Italia estarán autorizados en 2008 a entregar ayudas de Estado por valor de 15 millones de euros para apoyar la adaptación del sector del tomate procesado a la nueva regulación", reza uno de los puntos del texto, que también incluye un incremento de la financiación a las organizaciones de productores para la gestión de crisis, hasta un 4,6% de la facturación. Ésta era otra de las demandas de España que pedía además que el periodo transitorio -para no excluir a ciertos sectores de la aplicación de la reforma- se extienda hasta 2013.

En el caso de las frutas y verduras frescas, a diferencia de las procesadas, la reforma no contempla ayudas directas, y las subvenciones se otorgan a las organizaciones de productores, que la nueva normativa de Bruselas quiere reforzar a partir del año que viene.