Bruselas lleva a los tribunales la suspensión del Pacto de Estabilidad

La Comisión Europea decidió ayer someter al Tribunal Europeo de Justicia la decisión de los ministros de Finanzas (Ecofin) de dejar en suspenso el procedimiento sancionador contra Francia y Alemania por violar el Pacto de Estabilidad. La decisión del Ejecutivo comunitario fue adoptada tras un intenso debate, pero sin votación y contra el criterio de varios comisarios. La Comisión va a pedir al Tribunal de Luxemburgo que se pronuncie por la vía de urgencia, solicitud que la corte podría no admitir. Mientras, Bruselas seguirá vigilando celosamente los déficit presupuestarios.

La decisión se tomó tras un debate de más de tres horas, definido como "tranquilo y amplio" por Gerassimos Thomas, portavoz del comisario de Economía y Asuntos Monetarios, Pedro Solbes. "Intervinieron todos los comisarios, y todos más de una vez", señaló. "No ha habido votación, lo que no quiere decir que haya habido unanimidad".

Diversas fuentes comunitarias revelaron que el campo de los comisarios se dividió en dos, conforme a las opiniones reticentes ya insinuadas la semana pasada por británicos, franceses y germanos. El germano Günter Verheugen, comisario para la Ampliación, que había profetizado el sábado que Solbes se saldría con la suya, no apoyó ayer al responsable de Economía, quien sí contó en cambio con el favor de Michaele Schreyer, comisaria de Presupuesto. La baja de Schreyer en el campo de los derrotados se cubrió con el portugués António Vitorino, comisario de Justicia.

Raffarin, "tranquilo"

De los Gobiernos en el ojo del huracán, el alemán fue el primero en manifestar su desacuerdo. Hans Eichel, ministro germano de Finanzas, señaló que, "en vista de los retos a que se enfrenta la Unión Europea en el próximo futuro, hubiese sido mucho más positivo que los órganos de la Unión hubiesen optado por la cooperación en vez de por el enfrentamiento". El jefe del Gobierno francés, Jean-Pierre Raffarin, se confesó "tranquilo" y dijo respetar el recurso de Bruselas.

Los términos finales del recurso jurídico a elevar desde Bruselas al Tribunal de Luxemburgo no estaban ayer ultimados, pero sí se anunció que se solicitará el procedimiento de urgencia, que supone un lapso de resolución de entre tres y seis meses. El Tribunal podría no atender esa petición y teóricamente hasta considerar que el asunto a debate es más político que legal y que no es de su competencia.

Solbes consiguió convencer a la mayoría de los comisarios de que es necesario que el Tribunal clarifique las modalidades de supervisión monetaria que corresponden a la Comisión. Al quedar desautorizada el pasado noviembre -cuando los ministros europeos de Finanzas se negaron a poner en marcha las medidas sancionadoras propuestas por la Comisión contra París y Berlín por superar por tercer año consecutivo un déficit superior el 3%-, "los Gobiernos adoptaron deliberadamente una posición que cambia la naturaleza de la vigilancia presupuestaria y, por lo tanto, es útil que el tribunal se pronuncie para clarificar la vigilancia en el futuro", señalaba ayer el comisario de Economía.

La Comisión ha sopesado el riesgo de un revés del Tribunal y cree por mayoría contar con sólidos argumentos de defensa. "No cuestionamos el aspecto económico de la decisión, sino el procedimental", subrayó el portavoz Thomas, quien insistió en que se trata de evitar que se repita la escena de la Comisión desautorizada por un nuevo Consejo.

Además de seguir con su calendario de vigilancia del cumplimiento del Plan de Estabilidad, la Comisión presentará un nuevo plan de gobernanza económica de la Unión en el quese propone combinar el rigor disciplinario con la flexibilidad en las políticas presupuestarias nacionales.

Las reacciones a esta decisión estuvieron, como los propios comisarios, divididas. El primer ministro belga, Guy Verhofstadt, consideró que el enfrentamiento entre los ministros y la Comisión "no es una buena cosa". Tampoco el presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, se mostró conforme, pues cree que la denuncia puede perjudicar la revisión del Pacto de Estabilidad. Más positivos fueron los dos grupos mayoritarios de la cámara, el popular y el socialista, que juzgaron positiva la acción judicial.