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Reportaje:

La póliza que se ocultó al consejo

Las claves del seguro suscrito por Cajasur en favor del cura Castillejo

Alejandro Bolaños

Desde principios de 2000, Miguel Castillejo, el sacerdote de 73 años que preside Cajasur, se mantiene en el puesto que ha ocupado en el último cuarto de siglo gracias a un recurso del Gobierno ante el Constitucional que suspendió los artículos de la Ley de Cajas andaluza que equiparaban el régimen excepcional de la caja cordobesa, controlada por la Iglesia católica, con el del resto de las cajas. Este recurso, pendiente de resolución, dio un respiro a la dirección de Cajasur para concretar los 'derechos pasivos' del presidente que servirían para garantizarle una compensación económica millonaria en el momento de su marcha. Una búsqueda que dio lugar a la cuantiosa póliza de seguros que ha levantado una intensa polémica y que ha provocado una investigación de la Junta, que debe pronunciarse en breve sobre su legalidad.

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Castillejo y sus directivos estaban obligados por la ley a externalizar los derechos pasivos de sus trabajadores, sus planes de pensiones. Una coyuntura que aprovechó Cajasur para incluir en el Consejo de Administración del 4 de junio de 2001 una mención al reconocimiento de unos supuestos derechos pasivos del presidente, según la primera nota que la caja elaboró el 30 de octubre, horas después de que este periódico sacara a la luz la póliza. Una mención que los cuatro consejeros socialistas y de IU, que han pedido sin éxito el acta de aquel día, no recuerdan. Cajasur sostiene que ésa es la base legal que permitió formalizar luego la póliza. Sin embargo, la cuantía y las condiciones de ese 'complemento de pensión' no pasaron por el Consejo de Administración ni la Comisión de Control, algo inaudito cuando se trata de retribuciones de consejeros. Y en este caso, de un desembolso de casi tres millones de euros.

- El contrato. Castillejo, un representante de la aseguradora Caser y otro de Cajasur firmaron el 21 de septiembre de 2001 las ocho hojas de la póliza (número 52.625). Se trataba de un seguro de vida, modalidad de rentas, por el que se garantizaba a Castillejo, 'mientras viva', la 'retribución bruta que corresponda por el año 2001 al director general de Cajasur, incrementada en 3.005 euros'. Se especifica que, al no haberse fijado esa retribución aún en la fecha de firma del contrato, se establecía un mínimo: 'La renta anual a percibir por el asegurado será de 209.083,16 euros' (unos 35 millones de pesetas), último salario conocido de Castillejo. Es decir, el presidente se aseguraba seguir cobrando, como mínimo, su sueldo de modo vitalicio, en forma de complemento de pensión cuando deje la caja.

- Cobro de la renta. La póliza estipula que para que el 'asegurado ' pueda empezar a cobrar la renta 'deberá haber cesado a iniciativa propia o de la entidad, en el cargo de presidente ejecutivo de la entidad'. Como complemento de pensión, el importe de esa renta se reducirá en proporción a 'la prestación pública por jubilación' que perciba Castillejo cuando deje la caja. Es decir, la suma de la pensión pública de Castillejo y de la renta que aporte la compañía de seguros deberá alcanzar el mínimo de 209.083,16 euros establecido.

- Hermanas. La póliza también establece que al fallecimiento del asegurado, la renta anual será percibida por los 'beneficiarios determinados en la cláusula cuarta': Purificación (nacida en 1925), Carmen (1926), Dolores (1933) y Joaquina (1936), hermanas de Castillejo. Recibirán la mitad de la renta establecida para el presidente, también de forma vitalicia, que pasará de la mayor a la menor hasta el fallecimiento de la última.

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- Coste para Cajasur. Para garantizar la renta vitalicia, Cajasur desembolsó 2,909 millones de euros (484 millones de pesetas). 'El pago es en forma de prima única, que se abona en el día de hoy al asegurador por el tomador', según el contrato.

- ¿Precio de mercado?. En su primer comunicado, Cajasur dijo que la oferta económica de Caser fue la más 'favorable'. Aún así, la prima desembolsada es equivalente al 6,3% de los beneficios de la caja en 2001 y al 15% del dinero destinado por Cajasur a obra social ese año. Pero el importe podía haber sido mayor si se hubiese ajustado a los precios del mercado. Los primeros cálculos de la caja señalaban que sería necesaria un desembolso mucho mayor (4,2 millones de euros). La negociación con Caser dejó el importe en 2,9 millones.

- Revisión al alza. La póliza fija la renta vitalicia en relación al último sueldo anual conocido del director general (más 3.005 euros) en el momento que Castillejo abandone la entidad, siempre que sea superior al mínimo de 209.083 euros establecido. De hecho, por las fechas en las que se firmó la póliza, la caja intensificó los contactos con el entonces director general, Ildefonso Pastrana, para que aceptara sustanciosos aumentos en su sueldo. Cajasur planteó a Pastrana subidas anuales del 20% hasta 2004, lo que habría doblado su salario y, consecuentemente, el del presidente (sin contar incentivos y dietas). Una subida que también habría tenido reflejo en la póliza, que se habría actualizado para garantizar a Castillejo una renta vitalicia de unos 420.000 euros (70 millones de pesetas) a partir de 2004. Una cláusula del contrato recoge que la caja cordobesa también deberá hacer frente a cualquier actualización al alza de la renta vitalicia: 'El tomador procederá al pago del complemento de prima correspondiente'. Es decir, Cajasur debería hacer otro importante abono a la aseguradora para garantizar esa millonaria pensión a Castillejo. Pastrana rechazó las ofertas de Castillejo y en junio de 2002 fue destituido.

- La póliza del vicepresidente. Cajasur ha asegurado que el Consejo ha reconocido los del vicepresidente, el socialista Antonio Fernández Poyato. Pero esta póliza es de naturaleza diametralmente distinta: la caja retiene del sueldo de Fernández Poyato una cantidad anual (18.000 euros de los 90.000 que cobra) y suscribe en su favor un seguro que cubre su seguridad social y que rescatará parcialmente cuando deje la entidad.

- Lo que cobrará Castillejo. En su segunda nota, Cajasur aseguró que 'lo que percibirá don Miguel Castillejo en caso de jubilación, con cargo a la póliza, sería un 1.230.000 pesetas netas mensuales (7.392,45 euros)', una cantidad aireada por varios medios en oposición a los 210.000 euros anuales (35 millones al año), que garantiza la póliza. A la nota de Cajasur le faltó precisar que para llegar a ese cálculo, descontó la jubilación pública (unos 28.000 euros al año), los impuestos (en torno al 40%) y basó sus cuentas en 14 mensualidades.

- ¿Hay polizas más cuantiosas?. Cajasur, en un intento de justificar la suma millonaria de Castillejo, ha dicho que hay pólizas de ejecutivos por un importe superior a la del presidente, sin embargo, no ha precisado quiénes ni quiénes son sus beneficiarios ni la cuantía de las mismas. Y de ser así, no dejaría de ser una medida desproporcionada.

- ¿Quién decide la legalidad? La Junta de Andalucía tiene plenas competencias para dilucidar sobre la legalidad de la póliza.

- El Banco de España. El Banco de España sólo puede intervenir en caso de que afecte a la solvencia de la entidad. De hecho la autoridad monetaria fue la que dijo a la caja que había que hacer una dotación porque había un riesgo por la suscripción de la póliza.

- Reacciones. PSOE e IU han sido los más beligerantes con la póliza de Castillejo, mientras que el PP andaluz ha salido en su defensa. El Partido Andalucista ha hecho mutis por el foro y ha tildado de 'mera coyuntura' esta polémica. Pedro Pacheco (PSA) se preguntó si la Ley Financiera permite 'semejante insensatez'. La Conferencia Episcopal y el obispo de Córdoba, Francisco Javier Martínez, han optado por la prudencia y han eludido salir en defensa de Castillejo. Sólo el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, se apresuró a defender al presidente de Cajasur.

- Alcaldes y ex alcaldes. Rosa Aguilar ha pedido a Castillejo que renuncie a la póliza. Herminio Trigo, en una tribuna en EL PAÍS, ha dicho que Cajasur es necesaria para Córdoba, pero no su presidente. Y Julio Anguita (IU) y Rafael Merino (PP) han guardado silencio.

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