La juez Palacios admite una querella contra Botín y Amusátegui
Un abogado les imputa delito societario por el pago de 43 millones al ex presidente
La juez Teresa Palacios, que tramita el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, ha admitido a trámite una querella presentada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui, contra Emilio Botín-Sanz de Sautuola y José María Amusátegui, presidente y presidente de honor respectivamente del Santander Central Hispano (SCH), por presunto delito societario.
La juez Palacios se ha declarado competente por considerar que el supuesto delito societario afecta a múltiples perjudicados en todo el territorio nacional, al tratarse de los accionistas del SCH. Un portavoz del banco declaró: 'No tenemos constancia de ese procedimiento y, por lo tanto, no tenemos ningún comentario que hacer'.
El abogado Juan Francisco Franco, que se declara accionista del banco fusionado y que interviene habitualmente en las juntas del banco junto a Rafael Pérez Escolar (condenado por el caso Banesto) contra la cúpula de la entidad, acusa a Botín de haber proporcionado 43,75 millones de euros (7.279 millones de pesetas) como 'indemnización' a Amusátegui tras la marcha de éste del banco, en perjuicio de los accionistas de la entidad.
La querella presenta los roces y enfrentamientos entre las ejecutivas de los bancos fusionados y cómo los directivos del Santander triunfaron en la pugna por el control de la entidad. Aunque Amusátegui y Botín habían pactado la copresidencia, 'el primero se había convertido en una molestia y un freno para los planes del segundo, que deseaba no tener que dar explicaciones a nadie y convertirse en el único presidente de la entidad', dice el escrito.
Para ello, según la querella, Botín pactó con Amusátegui la citada indemnización 'satisfecha durante el ejercicio 2001 con carácter extraordinario y no recurrente' y que figuran en una partida titulada 'Compromisos por pensiones y otros seguros', que figura dentro del epígrafe correspondiente a 'Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración del Banco'.
El texto de la querella señala que la Junta de Accionistas podía haber cesado a José María Amusátegui en cualquier momento sin tener que indemnizarle, pero la entidad decidió abonar la indemnización para que el copresidente anticipase su jubilación. 'Es decir, el Sr. Amusátegui percibió una escandalosa dádiva por anticipar en menos de dos años su prevista y forzosa salida del banco', dice la querella.
La magistrada ha pedido al registro mercantil certificación de los estatutos del banco, de las cuentas anuales y del informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 2001, así como el acuerdo de fusión entre el Santander y el Central Hispano. Igualmente, Palacios ha solicitado un informe al Banco de España sobre los hechos denunciados.
Segundo proceso
La juez Palacios ya instruye desde que llegó a la Audiencia Nacional el caso de las cesiones de crédito de nuda propiedad del Banco Santander, en el que el pasado 28 de junio imputó a Emilio Botín y a otros cuatro directivos del banco 138 delitos fiscales y falsedades documentales. La decisión fue adoptada en contra del criterio del fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, y del abogado del Estado, Pedro González, que solicitaron el archivo de las actuaciones. El fiscal recurrió en queja y ahora es la Sección Segunda de la Audiencia la que debe decidir.
