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Los alumnos de Opening deberán pagar sus créditos pese al cierre

Cerca de 45.000 alumnos de las academias de inglés Opening, que han firmado créditos pendientes de devolución para costear los cursos, difícilmente recuperarán su dinero. Asociaciones de Consumidores de todo el país admitieron ayer que, pese a no recibir el servicio, los estudiantes deberán continuar pagando la deuda bancaria, que asciende, en total, a unos 35 millones de euros.

En Andalucía se abrió la única brecha de esperanza para los estudiantes de Opening atrapados por los créditos bancarios y con las academias cerradas. La Junta de Andalucía estudia una fórmula para que los alumnos de Opening puedan rescindir los créditos suscritos. La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía anunció que sus servicios jurídicos estudian las posibilidades que ofrece la Ley de Crédito al Consumo para que los alumnos de los centros Opening dejen de pagar los créditos que adquirieron al inicio del curso, en el caso de que esta academia de idiomas cierre y deje de cumplir sus obligaciones. En Andalucía existen 13 centros propios de Opening y cuatro más en régimen de franquicia en los que están matriculados unos 6.000 alumnos. De estos, sólo los cuatro franquiciados mantienen su actividad ordinaria.

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En el resto de comunidades, el panorama es bastante desolador. Ayer, varios miles de estudiantes de la red de academias de la filial del Grupo CEAC se acercaron a distintas asociaciones de consumidores en busca de asesoramiento. Pero éstas se mostraron poco optimistas respecto a recuperar de los alumnos, ya que la empresa no puede hacer frente a los pagos. 'Si la red de academias de Opening no abre la próxima semana todos los que ya han pagado sus cursos habrán perdido su dinero', afirmó Iciar Marín, portavoz de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU).

Este pronóstico fue confirmado por el SCH, uno de los bancos acreedores. El banco recordó ayer a los alumnos de Opening que tendrán que seguir pagando los créditos firmados con la entidad, pese al cierre de las academias, porque a la hora de obtener los préstamos eran 'conscientes' de la responsabilidad que estaban asumiendo. Fuentes del banco compararon la situación con la que atraviesa un cliente que logra un crédito para pagar un coche y se lo roban.

Los tiempos judiciales juegan en contra de los usuarios, que podrían tardar 'hasta un año' en recuperar su inversión, según Iciar Marín. La letra de la ley indica que, en estos casos, la empresa debe cancelar en primer término las deudas más altas. De modo tal que, de cobrar, estarán primero en la lista los proveedores antes que los consumidores. CECU recibió quejas de más de medio millar de personas, e idéntica situación se produjo en la Organización de Consumo y Usuarios de Cataluña (OCU), y en su homóloga valenciana (AVACU).

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