Un juzgado pide cárcel y 400.000 euros a nueve sindicalistas por una huelga

Tres años después de los 108 días de protestas que consiguieron frenar en 2013 una bajada de sueldos del 25% y el despido de 19 operarios, la concesionaria municipal de la planta de basuras de A Coruña ha logrado sentar en el banquillo a los nueve miembros del comité de huelga que lideró aquellas movilizaciones. Tras la denuncia de la empresa Albada, una UTE liderada por Urbaser, empresa del grupo ACS, la fiscalía pide para ellos penas de año y medio de prisión por un supuesto delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores. El ministerio público acusa a los representantes de la plantilla de Nostián de dar “instrucciones” a sus compañeros para montar durante los más de tres meses de huelga un piquete informativo que “impedía” y “obstaculizaba” día y noche el acceso a la planta.

La fiscalía le aplica a los operarios coruñeses el polémico artículo 315.3 del Código Penal, el mismo que sirvió para sentar en el banquillo a los ocho de Airbus que fueron absueltos el pasado febrero y el mismo que los sindicatos piden desde hace tiempo que sea derogado porque, subrayan, sirve únicamente para reprimir la lucha de los trabajadores por sus derechos. El ministerio público exige además a los miembros del comité de huelga de Nostián el depósito de una fianza conjunta de 400.000 euros bajo amenaza de embargarles sus bienes, una cantidad que se corresponde con la valoración "inicial" de los "cuantiosos daños y pérdidas económicas" que la empresa dice haber sufrido durante la huelga. Los sindicalistas han alegado este lunes ante el juzgado de instrucción número 6 de A Coruña que no pueden disponer de tal cantidad de dinero.

La fiscalía acusa a los nueve representantes de la plantilla del complejo dependiente del Ayuntamiento de A Coruña de “ser los causantes del lanzamiento de piedras contra camiones de basura, de los pinchazos de ruedas, de la quema de contenedores por la ciudad e incluso del incendio que se originó en el interior de las instalaciones”, señala el sindicato CIG, “pese a reconocer que se ignora la identidad de las personas que los llevaron a cabo”.

Representantes de CIG, CC OO y UGT han celebrado este lunes un acto en los juzgados de A Coruña en solidaridad con los acusados. Para la CIG, central mayoritaria en el comité de Albada, la empresa pretende “criminalizar la respuesta sindical”, mientras que CCOO ve en este procedimiento judicial una maniobra para “meter miedo a los trabajadores”.

El conflicto estalló en la planta de Nostián cuando la concesionaria municipal presentó un plan de despidos, rebaja de sueldos y aumento de jornada en aplicación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El 28 de julio de 2013 los trabajadores iniciaron una huelga indefinida en el complejo de tratamiento de residuos que fue secundada por sus compañeros del sector con dos jornadas de paro en las empresas de limpieza de la comarca.

Antes incluso de que los trabajadores emprendieran la batalla contra los duros recortes en sus condiciones laborales, Albada presentó una querella por injurias contra los cinco miembros del comité de empresa del sindicato CIG que denunciaron vertidos de lixiviados al mar, una denuncia que no prosperó, recuerda la central nacionalista, al igual que ocurrió con la demanda que pretendía declarar ilegal la huelga. “En las sentencias se afirma que es la propia empresa la que vulnera los derechos fundamentales de su personal, actuando de mala fe y llevando a cabo prácticas rompehuelgas”, aseguran desde la CIG.

La concesionaria responde que miembros del comité de empresa de Nostián han sido condenados ya por "coacciones a sus compañeros, amenazas y sabotajes" durante las huelgas vividas en la planta en 2008, 2009 y 2011. Albada remarca que "es el juez quien ve indicios de delito en la actuación de los miembros del comité de huelga", la mayoría integrantes del actual comité de empresa, y que la concesionaria se limitó a adherirse al escrito de acusación de la fiscalía, que incrementó las penas e imputaciones de su demanda inicial (añadió a las presuntas coacciones el delito contra los trabajadores). "No nos parece ni ético ni coherente que representantes de los trabajadores estén acusados de conculcar sus derechos", añaden desde la compañía sobre los nueve sindicalistas encausados.