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Besteiro vuelve a perder pie en la Operación Pulpo

El Tribunal Superior rechaza la querella por prevaricación judicial que presentó el socialista contra la instructora, Pilar de Lara. La sala dice que "no existe indicio alguno de delito, ni siquiera errores" en el auto que sacó a la luz la imputación del político

Besteiro sale del edificio de los juzgados de Lugo junto a su abogada, el pasado día 11, después de negarse a declarar por el 'Caso Pulpo'.
Besteiro sale del edificio de los juzgados de Lugo junto a su abogada, el pasado día 11, después de negarse a declarar por el 'Caso Pulpo'.ÓSCAR CORRAL

A Besteiro se le agota la bombona de oxígeno que apuraba en su empeño de escapar de la Pulpo, o mejor dicho de la juez que instruye la causa, Pilar de Lara. Si esta operación significó, con seis imputaciones que se sumaban a las cuatro del caso Garañón, el fin, al menos provisional, de su carrera política, el exlíder del PSdeG pierde pie con la última decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha acordado la inadmisión a trámite de su querella contra la magistrada, a la que acusaba de prevaricación judicial. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSXG coincide con el fiscal en que no solo "no existe indicio alguno" de tal delito recogido en el artículo 446 del Código Penal, sino que no hay "ni siquiera errores" en el auto con el que el 10 de marzo pasado la juez citaba a declarar a José Ramón Gómez Besteiro por una serie de hechos que investiga y que, en la parte que le toca al socialista, se corresponden con su etapa como presidente de la Diputación de Lugo.

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El auto de inadmisión, que solo ha sido facilitado de forma parcial a los medios, ha sido dictado por el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, y por los magistrados Pablo Saavedra, Pablo Ángel Sande, Fernando Alañón y José Antonio Ballestero. Y su resultado era el esperado, después de que la Fiscalía Superior remitiese a los jueces un informe en el que defendía que no se admitiese a trámite la querella "por no ser los hechos objeto de la misma constitutivos de delito". La representante legal de Besteiro acusaba a De Lara de realizar una "imputación injusta" y "falsa", "de propósito y a sabiendas", contra su cliente al "ocultar maliciosamente" en el auto con el que estalló la Pulpo la fecha de una serie de facturas de viajes de lujo al extranjero pagadas por la Diputación a funcionarios provinciales. Esos viajes, aunque sí otros muchos gastos que están siendo investigados, no se correspondían con la etapa de Besteiro en la presidencia, sino con la época de su predecesor, el popular Francisco Cacharro.

Pero en el auto, la juez no concreta fechas, sino que enumera una serie de supuestas irregularidades que se habrían llevado a cabo en el seno de la Diputación "de forma continuada en el tiempo", antes o durante la presidencia de Besteiro. “En la comisión de tales delitos habría participado un elevado número de Autoridades y funcionarios pertenecientes a la Diputación Provincial de Lugo, quienes coordinadamente y de forma continuada en el tiempo podrían, presuntamente, haber perpetrado un cúmulo de irregularidades con posible encaje penal, consistentes en la contratación ilícita y manipulación de concursos para beneficiar a determinados empresarios, otorgamiento fraudulento de subvenciones sin justificar y desviación de fondos y caudales públicos a fines distintos de los reglados", describe en el auto cuestionado, "sin que los encargados de velar por la legalidad y de fiscalizar, jurídica y contablemente, la actuación pública hayan cumplido con la misión legalmente encomendada de preservar el interés público, llegando a participar directamente en tales ilicitudes".

"La querella parte de una visión subjetiva de los hechos", concluye entre otras cosas el Superior, "efectuando consideraciones al margen de la resolución que nos ocupa", como "por ejemplo, el modo de llevar las causas penales la señora De Lara que critica". Los magistrados insisten en esas "apreciaciones subjetivas" que cuajan la querella para destacar que, en esa dinámica la defensa de Besteiro, "con independencia de otras afirmaciones interesadas, no se ha percatado" de esa parte "esencial" del auto en la que De Lara deja escrita la expresión "de forma continuada en el tiempo".

"Podemos concluir con el ministerio fiscal que no existe indicio alguno (ni siquiera errores, podemos añadir) en el auto", sentencian los miembros de la sala. De la "simple lectura" de la documentación recibida por el juzgado, "se corroboran con datos y pruebas, incluso documentales o documentadas, las aseveraciones del auto pretendidamente prevaricador".Y a esto, los magistrados añaden dos detalles más: el hecho de que es difícil prevaricar en una instrucción que todavía está comenzando y la evidencia de que no fue De Lara, sino su juez de apoyo en aquellas fechas, Hortensia Bouso, quien dirigió la investigación al principio, en el momento en que se ordenó el gran registro de la Diputación en el que afloraron las facturas y la contabilidad investigadas. "Es difícil concebir que en esta fase preliminar del proceso se pueda incurrir en prevaricación pues muchas diligencias pueden resultar infructuosas a aquellos fines y no por ello pueden considerarse contrarias a la ley", defiende el TSXG: "Tendríamos que encontrarnos ante una resolución groseramente ilegal y sin fundamento para poder plantearnos la existencia del delito de prevaricación judicial".

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Además, entre la documentación facilitada al Superior se demuestra que Besteiro "tenía constancia oficial y cierta" de las facturas que había reclamado la policía en la Diputación por orden de la juez. "No es de recibo", dicen los magistrados en este auto del TSXG, "que el querellante pretenda ampararse en la ocultación de fechas para fundamentar la querella".  José Ramón Gómez Besteiro, que cuenta con un plazo de tres días para presentar recurso de súplica, está siendo investigado en la Pulpo por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones públicas, fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos.

Fuego cruzado de recusaciones en la otra causa que lo implica

EP

Mientras tanto, en el marco de la Garañón, la otra causa en la que está siendo investigado el que también fue concejal de Urbanismo de Lugo, el juzgado de Instruccion 1, del que es titular De Lara, está tramitando una segunda recusación presentada por los abogados que contrató Besteiro para ese caso. El pasado diciembre, los letrados del socialista, que aquí suma otras cuatro imputaciones, pidieron la recusación de la instructora debido a su supuesta "animadversión" hacia uno de ellos, Cándido Conde-Pumpido, después de que Pilar de Lara decidiese denunciar correos electrónicos con supuestas coacciones del abogado contra ella. Cuatro meses después, en abril, alegaron también como causa para su retirada del caso la "amistad íntima" de la juez con la secretaria de la Asociación en Defensa de las Cuestas del Parque Rosalía de Castro, una entidad que ejerce la acusación particular.

A estas peticiones de recusación se adhirió otro de los imputados, el jefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo, pero la citada asociación (que ya pidió la recusación de tres magistrados de la Audiencia Provincial por su "interés directo o indirecto" en la causa) mantiene su negativa.

Al mismo tiempo, la Audiencia Provincial de Lugo se ha pronunciado sobre el rechazo de Pilar de Lara a aplazar el interrogatorio de Besteiro en el caso Garañón el pasado mes de enero pese a que sus abogados se encontraban en un juicio en Málaga. "La sala considera injustificada la negativa de la juez a la suspensión de las declaraciones testificales solicitada (...); su práctica sin posibilitar la intervención de la defensa supone una vulneración de lo establecido en (...) la ley", subraya en un auto el tribunal lucense. Y también ve "fuera de lugar" que la magistrada se opusiese por entender ella que se trataba de "argucias procesales para retrasar la causa". Aunque rechaza los recursos porque considera que no se ha llegado a producir indefensión, la Audiencia otorga a Besteiro la posibilidad de pedir una nueva declaración en la que pueda contar con sus abogados.

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