Una década pagando un piso demolido

La vida de Carlos García, en la treintena, es un martirio desde hace cuatro años. El Ayuntamiento de Madrid expropió su piso en 2010 por 82.000 euros, pero aún no se los ha dado. Antes García tiene que ser propietario del piso y no lo será hasta que abone la diferencia entre su hipoteca (120.000 euros) y lo que le ofrece el Consistorio. Por eso, se ve obligado a abonar mensualmente a la entidad bancaria 650 euros durante 10 años. Encima, se ha quedado sin casa: paga por nada.

No obstante, si el Ayuntamiento aumentase la indemnización a 110.000 euros, tal y como ha dictado un juez aunque el Consistorio ha recurrido, García tardaría menos en liquidar su deuda con el banco. “Aunque la justicia al final me dé la razón, llevo tres años pagando y sufriendo. Me ha creado mucha ansiedad y hasta tener colon irritable”, cuenta el afectado. Ingeniero de formación, Carlos García tiene dos trabajos: uno como actor, su verdadera pasión, y otro en una ONG por un sueldo mileurista. “De ingeniero no iba a ganar mucho más”, sostiene. Su nombre artístico es Carlos Pontini. “Intenté que, por lo menos, el Ayuntamiento me adelantase los 82.000 euros en que tasó la casa, pero no hay un duro mientras no pueda liquidar toda la hipoteca”.

El piso de Carlos tenía 50 metros útiles, tres habitaciones y dos balcones a la calle de Huerta del Bayo (Lavapiés). Pese a estar en el centro de la capital, el Ayuntamiento lo valoró solo en 82.000 euros. Disconforme con la cantidad —había sido tasado tres años antes en 200.000—, él reclamó una cifra mayor al jurado territorial de expropiación, que le dio la razón, y subió la indemnización a 111.000. El Ayuntamiento recurrió esta suma y desde entonces el proceso judicial está parado.

Probablemente haya más casos como el de García, pero él es el único que ha hecho una petición de ayuda en la plataforma Change.org. No pierde la esperanza de que se llegue a una solución a un culebrón que arrancó en los años noventa —mucho antes de que él comprase el piso en febrero de 2002—, cuando el Ayuntamiento pidió a la comunidad de vecinos que arreglase el edificio que se encontraba en un estado deplorable. “Se retrasaron mucho las obras porque los inmigrantes y los vecinos con renta antigua no querían pagar una cuota y entorpecían todo el proceso”, argumenta.

Para colmo de males, un incendio quemó parte de la cubierta cuando los albañiles llevaban meses rehabilitando, contaban con una arquitecta que había firmado el proyecto y un plan de pagos de todos los vecinos.

Finalmente, el Ayuntamiento expropió el inmueble de Huerta del Bayo, 8, junto a otros 13 (en total, unas 400 personas), por tres motivos que el Consistorio explicó en su momento: incumplimiento del deber de conservación por parte de la propiedad, incumplimiento de las órdenes de ejecución reiterado y existencia de infraviviendas. El Consistorio no entra hoy a valorar el acuerdo privado con el banco y explica que solo ejecutó una expropiación como tantas otras.

Cuando una Administración expropia, si existe una hipoteca pendiente de saldar, comparece el titular registral de la vivienda y el banco por tener un derecho crediticio. En la mayoría de los casos, el Estado tiene que indemnizarles por separado y estos presentan alegaciones e informes técnicos para conseguir que la reparación económica sea mayor. Pero, en ocasiones, y ese es el caso de García, no permite que así sea.

Su odisea, cuenta Carlos, no termina allí. El Ayuntamiento quiere cobrar a cada vecino 30.000 euros por la demolición de su edificio que llevó acabo una empresa privada. Esta compañía asegura que el derrumbe ha costado 616.000 euros, más de lo que presupuestaron a los vecinos por demoler y construir de nuevo el inmueble.

“No es creíble esa cifra. Yo he preguntado y son cuatro veces menos. Además, como estábamos expropiados y no éramos dueños ya de la casa, se notificó el derrumbe al administrador de fincas —que no nos lo comunicó— y de repente nos vimos con la factura”, sostiene muy preocupado por sus vecinos pensionistas, sin medios para hacer frente a esos 30.000 euros. Por eso han denunciado al Ayuntamiento. Tras años deprimido, García ha escrito una obra de teatro, Bansia, basada en su caso, que estrenará el próximo octubre.