Atrapados en una red de ‘swaps’ y ‘puts’

Puede resultar bastante decepcionante que en un país como Euskadi los swaps —contratos de permuta financiera— y los puts —derechos de venta de bienes o valores— no se hayan vasquizado hasta el punto de referenciarse, por ejemplo, a una final del Manomanista o al número de alzadas de un harrijasotzaile con la piedra de 280 kilos.

No se ha hecho quizás porque el tiempo y la crisis se les ha echado encima a los laboratorios de ingeniería financiera, pero casi. Entre 2005 y 2010 se han dado miles de casos de empresas, en su mayoría pymes, y alguna que otra Administración pública, que compraban productos financieros bajo la apariencia de seguros para cubrirse de las eventuales subidas del euríbor o proteger sus inversiones, pero que en el fondo estaban firmando apuestas similares a las que hacen los asiduos a los frontones y entregando derechos de compra o venta de bienes y acciones sin conocer sus riesgos.

Centenares de ellas se han quedado entrampadas en este tipo de productos, que empezaron a popularizarse en España a mediados de la pasada década y que están obligando a empresas y Administraciones a realizar desembolsos extraordinarios, y en ocasiones a cerrar sus puertas en el caso de pymes, al no poder hacer frente a los cargos generados. La gran mayoría los sufre y los paga en silencio. Apenas un 5% se decide a denunciar a sus entidades financieras después de sentirse engañados. El 90% de quienes demandan termina ganando en los tribunales.

La pasada semana se celebraba en San Sebastián la vista oral de la causa presentada por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK, en sus siglas en euskera) contra varias entidades de crédito. Un swap firmado por el anterior equipo de gobierno foral está obligando al Consorcio a pagar liquidaciones de 500.000 euros mensuales, vinculadas a la previsión de gasto de un crédito para financiar el proyecto de la incineradora de Zubieta. Los intereses por el capital dispuesto —9,7 de los 98 millones previstos— ascienden solo a 15.000 euros mensuales.

Muchos comerciales de bancos desoyeron las recomendaciones del supervisor

El plan de alzar esa infraestructura se paralizó, pero los gastos no estaban referenciados al ritmo real de la inversión, sino que blindaban el ritmo previsto del gasto. Coste total de momento para las arcas públicas: seis millones de euros. En este caso había una intencionalidad política en la operación: evitar la paralización del proyecto.

No es el caso de las que afectan al sector privado. “Dos socios de una pequeña empresa dedicada a la albañilería invitaron a su amigo del banco al txoko y este les colocó un swap a los postres sin pestañear. No cerraron de milagro”, explica un empresario alavés que tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para que le cancelasen dos swaps referenciados a los tipos de interés que le abrieron sendos agujeros de casi 300.000 euros en su cuenta de resultados.

Los swaps, un producto financiero complejo diseñado originalmente para limitar riesgos, como una especie de seguro para evitar los precios a la baja de una cosecha, de una moneda, o de un índice como el euríbor o el IPC, se han convertido en una trampa. La gran pregunta que se hacen todos los magistrados en los juicios es si las entidades financieras sabían que el euríbor iba a caer. De ser así, sus carteras de créditos de tipo variable —casi todos— suponían un riesgo. De ser así, las entidades, con la excusa de proteger a sus clientes, estarían protegiendo de verdad sus propias inversiones y trasladando a aquellos el efecto del abaratamiento del precio del dinero.

El swap, o contrato de permuta, se basa en que el banco y el cliente intercambian los riesgos. El tomador de un crédito variable ingresa al banco en los periodos prefijados a un tipo fijo para eliminar la penalización de una eventual subida —es decir, se convierte el variable en un fijo, de hecho— y el banco le liquida en periodos similares en función de la marcha del euríbor o del IPC o del precio de una moneda al que estuviese referenciado el swap. Es decir, es el banco el que asume la variación. Si el indice sube, el cliente encantado, porque sale beneficiado con ingresos. Si el euríbor baja, como lleva haciendo los últimos tiempos, el coste recae sobre quien ha convertido en fijo su variable, porque los ingresos se convierten en cargos.

El BBVA ya aseguraba en 2007 en su informe Situación de España que el ciclo cambiaba. Aunque posiblemente nadie era capaz de aventurar lo que se avecinaba, el banco explicaba que en un entorno europeo con menor crecimiento, con presiones inflacionistas contenidas y un tipo de cambio apreciado, el BCE podría rebajar los tipos en 25 puntos básicos a principios de 2008. Como consecuencia, las previsiones del euríbor se ven revisadas a la baja en 0,75 puntos porcentuales, hasta el 3,9%. El euríbor ha caído al final hasta mínimos históricos: cerró febrero pasado en el 0,549%. Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre de 2008, abriendo la crisis que aún se arrastra.

Cientos de sentencias rechazan esa forma de comercializar los productos

“No se trata de cuestionar el producto, que a veces también, sino de cómo lo comercializaron y del tipo de perfil que eligieron las entidades para colocarlos”, explica la exmagistrada y profesora de la Universidad de Deusto Marisa Gracia, también letrada de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).

Es lo que Tribunal Supremo define como “esenciabilidad y excusabilidad”. Es decir, procede anular un contrato cuando queda demostrado que al cliente no se le informó sobre aspectos esenciales del mismo, hasta el punto de que pensó que firmaba un producto que le protegía de ciertos riesgos, cuando era algo aleatorio y con tintes especulativos. Y, además, era colocado a un cliente sin conocimientos suficientes para discernir los riesgos de lo que firmaba.

Centenares de sentencias se acumulan ya en contra de esa manera de comercializar los productos, pero las empresas afectadas siguen resistiéndose en muchos casos a acudir a los tribunales y prefieren pagar, si su agujero no es demasiado grande, y así evitar enfrentarse a su banco de toda la vida en un pleito que le puede llevar varios años.

El pasado enero, un juzgado de Vitoria anuló dos contratos de ese tipo de derivados que habían causado pérdidas de cinco millones a una empresa de cartonajes sobre un crédito de otros cinco millones. Ese swap tenía una vertiente adicional. Se trataba de un producto denominado Swap apalancado euríbor-BBVA. La apuesta estaba referenciada al precio final que iba a tener la acción del BBVA al vencimiento, en este caso dos años. Si las acciones subían — “es lo normal, no te preocupes”— la vida seguía igual para el firmante, la opción del banco —el Popular en este caso— se desactivaba y el cliente lograba reducir su crédito en un 0,3% sobre el euríbor. A la empresa se lo ofrecieron como un producto especial para los mejores clientes.

Pero si el valor de la acción del banco bajaba (y se desplomó) el cliente tenía que hacer frente a la diferencia entre el valor de la acción fijado como objetivo (strike), y el real ese día, dividido entre el strike y multiplicado por el importe nominal suscrito, los cinco millones del crédito que la firma necesitaba para un pabellón. A esta pyme de Vitoria se le abrió un agujero de 2,5 millones, que el banco resolvió con otro swap que causó otra deuda de 2,5 millones adicionales. “El swap se lo colocaron al contable por teléfono”, critica Gracia, quien demandó al Popular: Un nominal de cinco millones había abierto un agujero de otros cinco en cuatro años, de 2007 a 2011.

Las sentencias muestran que muchos de los comerciales de las entidades financieras hicieron caso omiso de las recomendaciones de la CNMV, que exigía “explicar de forma suficientemente detallada la naturaleza del producto y dejando clara que la exposición al riesgo puede conllevar la pérdida total o sustancial” del dinero del inversor. Los demandantes juran que no tenían ni idea.

“En ocasiones, el moroso es el banco y tenemos que ejecutar la sentencia”, critica Gracia, como ha sucedido con el caso de un lechero de Cantabria, que pidió un crédito para la sala de ordeño y le colocaron un swap que le costaba 30.000 euros.