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La ‘marea pensionista’ reclama la devolución del IPC de sus pagas

Un centenar de jubilados realizan un registro colectivo de peticiones en la sede del INSS

La marea pensionista, -en defensa de unas pensiones dignas-, se presentó el pasado 11 de octubre en Badalona. Desde entonces, el movimiento se ha ido extendiendo por diversas localidades de Cataluña, organizándose en grupos de trabajo unidos por la defensa del sistema público de pensiones. Un centenar de pensionistas se han concentrado esta mañana, una vez más, frente a la sede provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social de Barcelona para realizar un registro colectivo de peticiones para exigir el pago del IPC del año 2012 (y la consiguiente revalorización de sus pagas). Es ya la quinta vez que lo hacen y afirman que los juzgados de lo social, no solo de Cataluña sino de varias ciudades de España, se encuentran colapsados por sus reclamaciones.

Sus reivindicaciones se suman al recurso presentado por la oposición del Congreso en bloque al Tribunal Constitucional, que plantea la ilegalidad de esta medida aplicada en noviembre de 2012 porque, entienden, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución que prohíbe la retroactividad en las decisiones que afectan a los derechos individuales. Con ese decreto, el Gobierno del PP rompió con su compromiso de actualizar las pagas. Las pensiones durante ese año subieron solo un 1% -un 2% las inferiores a 1.000 euros al mes-, cuando la inflación fue del 2,9%, pero el Ejecutivo central decidió no compensar la diferencia tal y como había hecho hasta entonces obligado por la necesidad de reducir el déficit. Ahora reclaman que esa diferencia se abone y se sume a las pagas actuales. El portavoz del movimiento, Domiciano Sandoval, asegura que están convencidos de que el Tribunal Constitucional les dará la razón y avisa de que “por eso es importante reclamar, porque no sabemos si a los que no lo hagan se les abonarán lo que les deben”.

A principios de año, más de ocho millones de pensionistas recibieron una carta firmada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para informarles sobre “la revalorización de su pensión para el ejercicio 2014”, que será del 0,25% toda vez que el Gobierno ha convertido en ley la desvinculación de las prestaciones del IPC. Esto se traduce en incrementos de apenas 40 céntimos en las pensiones mínimas. “Sufrimos devaluaciones en las pensiones desde 2011 y la ministra Báñez tiene la cara de decir que con el PP nunca más veremos congeladas las pensiones”, dice Sandoval. El portavoz del colectivo mantiene que el Gobierno pretende liquidar el sistema público de pensiones y trasladarlo a la banca privada: “Nunca ha habido una reforma tan drástica como esta. Dan miedo para que la gente se vaya corriendo a abrirse un plan de pensiones. Y esto nos afecta a los mayores, pero lo peor será para los jóvenes que cuando se jubilen quizás el sistema de pensiones esté ya desmantelado”. Sandoval considera que el sistema español es de los mejores del mundo, ya que responde a criterios de solidaridad y equidad y no entiende que haya que “liquidarlo”.

La plataforma ha colgado en Internet un modelo de documento para reclamar el abono del IPC y que los afectados puedan presentar su reclamación de manera sencilla: “El objetivo de esta solicitud es que se me abone la revalorización de mi pensión correspondiente al periodo desde 01/01/2012 hasta 30/11/2012, en función del IPC real a noviembre de este año, es decir 2,9%, superior al 1% previsto por el Gobierno”.

La Marea Pensionista está formada por diversos colectivos --asociaciones de vecinos, el Frente Cívico de Anguita o asambleas de barrio del 15-M de Barcelona-- y se extiende por distintas localidades de la región. El movimiento está siendo asesorado jurídicamente por el colectivo Ronda de abogados que se encarga de tutelar el proceso de solicitud y las posteriores demandas en los juzgados.

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Además de la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones, la Marea Pensionista reclama la jubilación a las 65 años, la garantización de suministros básicos (agua, luz y gas) además de rechazar la privatización de los servicios públicos que atienden a los mayores. El martes 25 de febrero a las 10:00 horas celebrarán una asamblea en el Centro Cívico Cocheras de Sants de Barcelona.

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