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Una ‘ley escoba’ que modifica mucho

Con el proyecto de Medidas Fiscales y Administrativas de 2014, el PP cambia otras normas que regulan los taxis, los parques regionales y el juego

Concentración de taxis en marzo de 2011.
Concentración de taxis en marzo de 2011.samuel sánchez

Menos trascendente que la del año pasado —que el Gobierno regional aprovechó para incluir una serie de reformas fiscales que casualmente coincidían con las exigencias de Eurovegas—, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2014 contiene cambios sustanciales en varios ámbitos del día a día. Este es su resumen:

Guerra a los taxistas piratas. Los casos muy graves en el sector serán penalizados con un máximo de 6.000 euros. En este apartado, la infracción más llamativa afecta a “la realización del servicio de transporte urbano careciendo de la preceptiva licencia”; esto es, el día a día de los taxistas piratas. En la misma categoría figura la falsificación de licencias municipales, la utilización de licencias expedidas a nombre de otras personas, la manipulación del taxímetro, no suscribir los seguros o realizar un servicio de transporte “de características distintas” al de la correspondiente licencia municipal.

Mientras, las infracciones leves en el sector se sancionarán con hasta 400 euros, por ejemplo el trato desconsiderado a los usuarios (incluido el descuido en el aseo o vestimenta del conductor) o no dar el cambio correspondiente. Las graves se castigarán con hasta 1000 euros, como el incumplimiento del régimen tarifario o el régimen de descansos.

Las autoridades podrán ordenar la “inmediata inmovilización del vehículo” si presencian una infracción “durante su comisión en carretera” en caso de que el autor ya hubiera sido sancionado por faltas muy graves en los 12 meses anteriores. En aquellos casos en que no se abone la multa de un vehículo inmovilizado, “se podrá proceder a la venta en subasta pública”. El dinero obtenido se destinaría al pago del importe de las sanciones, de los gastos originados por la inmovilización y de la subasta. En caso de sobrar algo, sería para el denunciado.

Conocida la intención de la Comunidad de eximir del céntimo sanitario en los combustibles a los 65.000 profesionales del transporte en la región, taxistas y camioneros, lo que no se conocía es que la devolución del gravamen solo será aplicable por un máximo de 50.000 litros de consumo por vehículo y año (5.000 en el caso de los taxis). Madrid fue la primera autonomía en aplicar el céntimo sanitario. En octubre el Tribunal Europeo de Justicia consideró que vulnera el derecho de la Unión Europea.

Cálculo por kilómetros en vez de por viajeros. El Ejecutivo de Ignacio González modificará la ley de creación del Consorcio de Transportes para que las compensaciones a los operadores públicos —principalmente las líneas urbanas de autobuses municipales— se puedan calcular, “cuando las circunstancias así lo requieran”, en función del número de kilómetros realizados y no por el número de viajeros, como sucede ahora. El Consorcio defiende que esta opción “permite programar con certeza” sus gastos, “reduciendo las incertidumbres que son inevitables cuando el criterio a utilizar es el del número de viajeros transportados”. Según el Gobierno, con el nuevo modelo de cálculo desaparecería “la aleatoriedad en el gasto”, ya que el Consorcio podría programar la oferta y “controlar su ejecución”.

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Explotación económica de los parques regionales. El Gobierno del PP nunca ha escondido su interés en sacar un rendimiento económico “sostenible” de los parques protegidos. “Pretendemos que los municipios obtengan ingresos, de forma respetuosa con el medio ambiente, aprovechando el tirón del Parque Nacional de Guadarrama”, asevera González. Pues bien, la revisión de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza autoriza “excepcionalmente” servidumbres ocupaciones temporales y otros derechos a favor de terceros en montes catalogados “siempre que se justifique su compatibilidad con las funciones de utilidad pública del monte”. Cuando la titularidad del monte gestionado por la Comunidad corresponda a otra Administración pública, se requerirá un informe previo favorable de la entidad titular.

Los derechos de ocupación serán otorgados por un tiempo inferior a 30 años “si no supone la realización de obras de carácter permanente o instalaciones fijas”, o de 75 años “si conllevara la realización de dichas obras o instalaciones”. No se renovarán de forma automática, lo que ya de por sí es otra novedad porque sí lo hará posible: actualmente las concesiones administrativas del dominio público forestal de la Comunidad tienen un plazo máximo de duración de 15 años, sin posibilidad de prórroga.

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas también cambia la normativa que afecta a los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, del curso medio del río Guadarrama y su entorno, y de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. En todos ellos se considerarán “compatibles” los usos y actividades de carácter agrícola, forestal o análogos, así como las infraestructuras necesarias para su desarrollo y realización. Lo mismo ocurrirá con las instalaciones para actividades científicas, docentes y divulgativas relacionadas con los espacios naturales (incluyendo el alojamiento si fuera preciso); las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, incluida la comercialización de productos agropecuarios; los establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales tradicionales rehabilitadas al efecto; y la rehabilitación de edificios de valor arquitectónico para su conservación “incluso con destino rural y hostelero”. En este último caso, se podrían realizar “las obras de ampliación indispensables para las condiciones de habitabilidad”.

Rebajas fiscales. La Comunidad suprimirá en el IRPF la deducción por donativos a fundaciones. González anunció hace un mes que a partir del 1 de enero rebajará a cada contribuyente 0,4 puntos del impuesto de la renta en el tramo autonómico (hay cuatro tramos). Una reducción que se suma a la de su antecesora, Esperanza Aguirre, que lo rebajó 0,1 puntos en 2007.

Competencias en juego. El consejero competente en la materia [el de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio], podrá regular la aprobación de los tipos, modalidades, premios y elementos de los juegos y apuestas, así como las reglas básicas de su desarrollo, las condiciones y requisitos de los sistemas técnicos y las limitaciones para su práctica.

Exhibición de bebidas alcohólicas. Con el fin de eliminar “regulaciones legales innecesarias” e impulsar “la competitividad” del sector minorista, el Gobierno elimina la restricción existente para los establecimientos en régimen de autoservicio que obliga a la exhibición de bebidas alcohólicas en una sección concreta. La Comunidad considera que concentrar las bebidas espiritosas “no es un factor significativo en la reducción del consumo de alcohol en menores” y “no tiene ningún efecto disuasorio”.

Los socialistas recelan de las rebajas a las sanciones que afectan al consumo

Eustaquio Jiménez Molero, portavoz de Consumo del PSM en la Asamblea, critica “la relajación de la legislación vigente” que a su entender supone la figura de la amonestación, que la Comunidad pretende aplicar para los indicios de infracción leve y con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador. En esos casos, la Administración podrá amonestar por escrito y requerir la subsanación o corrección de las deficiencias en un plazo máximo de 15 días. El Gobierno argumenta que “se trata de una medida no gravosa para los que actúan indebidamente por desconocimiento”.

El diputado regional del PSOE considera que la reducción de hasta el 30% de las multas si el importe se ingresa dentro del plazo de alegaciones beneficiará a los “empresarios infractores, que están encantados con un Gobierno que les baja todo, incluso las sanciones que les imponga por incumplimiento de la ley”. A este respecto, la Abogacía General de la Comunidad observa que la comisión de la infracción no podrá “resultar más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida”.

Según Jiménez Molero, también bajará la recaudación que el Ejecutivo autonómico obtenía por los procesos sancionadores. Así, mientras el año pasado la cantidad recaudada ascendió a 2.016.226,68 euros, la previsión de ingresos por este concepto en los presupuestos de 2014 disminuye a 1,5 millones. Una cifra inferior a las de 2010 (1,69 millones) y 2011 (1,65 millones). “Estamos ante una amnistía sancionadora”, concluye Jiménez.

El presidente regional, Ignacio González, adelantó que las sanciones en materia de consumo oscilarán entre los 300 euros, para las infracciones leves a los 601.012 euros para los casos muy graves.

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Sobre la firma

José Marcos
Redactor de Nacional desde 2015, especializado en PSOE y Gobierno. Previamente informó del Gobierno regional y casos de corrupción en Madrid, tras ocho años en Deportes. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de Periodismo de EL PAÍS. Trabajó en Starmedia, Onda Imefe y el semanario La Clave.

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